La vorágine inflacionaria y la revisión de las paritarias de los distintos sindicatos, motiva que FABA no detenga su accionar gremial de siempre en pos de lograr la actualización de los valores arancelarios con cada una de las obras sociales. En ese marco, con algunas obras sociales se llegan a acuerdos mientras que con otras se prosiguen las negociaciones que no siempre resultan fáciles.

En la última entrega de este medio informativo institucional, habíamos adelantado que se encontraba bien encaminada una importante negociación con OSPE, la obra social de los trabajadores petroleros que, en materia de cantidad de afiliados, es una de las más grandes de su tipo en el país, ya que recibe afiliaciones también de trabajadores de distintos sectores, como docentes privados, empleados administrativos de empresas de seguros e incluso periodistas y trabajadores gráficos, entre otros.

Solamente en nuestra provincia, esta obra social cuenta con unos 200.000 beneficiarios.

Durante el último mes de 2022, esas tratativas concluyeron con conformidad de ambas partes y para los profesionales del laboratorio representa un buen acuerdo. Pero también hay obras sociales endeudadas y que a su vez son acreedoras del gobierno nacional, en el marco de una difícil situación que tiende a agravarse progresivamente y que pone una vez más en tela de juicio el financiamiento del sistema sanitario argentino en su conjunto, de cara a una coyuntura sumamente difícil y signada por la deuda externa, la inflación y los crecientes valores de las prestaciones de salud.

Cuantiosa deuda del gobierno

El fin de 2022 ha encontrado a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo en un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional en virtud de las deudas que el Poder Ejecutivo mantiene con las obras sociales, conflicto que, de no mediar soluciones en enero, podría llevar a los sindicalistas a disponer medidas concretas de protesta por el reiterado incumplimiento oficial en la materia.

Entre las deudas a las obras sociales sindicales, está la de un fondo de cobertura para los tratamientos por discapacidad que Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, habían asegurado que el Tesoro desembolsaría a favor durante el último cuatrimestre en cuatro cuotas mensuales de 6.000 millones de pesos, pero solamente el gobierno pagó 4.000 millones, por lo que la deuda es de 20.000 millones de pesos.

En este punto hay que recordar que en 2021 el Presidente Fernández había prometido personalmente a la CGT, por el mismo concepto, el pago de 11.400 millones de pesos, por el mismo concepto.

En noviembre, Massa prometió que el total de los 24.000 millones serían girados a las obras sociales antes de fin de año, pero ello finalmente no sucedió.

Así las cosas, los incumplimientos del Ejecutivo llevaron a los negociadores de la central a reclamar un instrumento legal que garantizara la derivación a sus obras sociales del monto presupuestado para el año que viene en compensación por los gastos en discapacidad.

Pero esos fondos no constituyen la parte más saliente del reclamo de los dirigentes cegetistas al gobierno, porque también está la exigencia de que se promulgue un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objeto de garantizar la afectación de 148.000 millones de una partida del Presupuesto 2023 aprobada por el Congreso para cubrir los gastos de las obras sociales en prestaciones.

Esos 148.000 millones de pesos les habían sido prometidos a los gremios por el gobierno para asistir financieramente a las obras sociales, monto que figuraría específicamente en el Presupuesto 2023.

Pero finalmente, que la partida presupuestaria en cuestión aprobada en el Presupuesto, incluida en el capítulo sobre “obligaciones del Tesoro”, en el texto de la norma figura como destinada a “brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.

Por eso el gremialismo insiste en que el gobierno apruebe un DNU afectando específicamente ese fondo a las obras sociales, tanto más que el ministro Massa, posteriormente, les señaló a los dirigentes de la central obrera que el monto no sería de los 148.000 millones prometidos, sino de algo menos de 110.000.

Pero Massa también les dijo a los integrantes de la cúpula de la CGT que impulsaría un decreto para crear un nuevo fondo de asistencia a las obras sociales frente al costo de tratamientos, remedios y prestaciones de altísimo costo que en la actualidad pueden por sí solas desfinanciar a una prestadora. Esa iniciativa de hecho figuraba en uno de los artículos del Presupuesto que la oposición vetó.

Hay que explicar que, según versiones periodísticas confirmadas extraoficialmente, “si bien el sistema de obras sociales ya cuenta con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), constituido con aportes de las propias prestadoras al fisco y que tiene como propósito el reembolso del valor de los tratamientos crónicos o medicinas de alto valor, el objetivo del decreto que prometió Massa y que ahora reclaman a viva voz los sindicalistas es establecer otro rescate financiero pero con recursos del Estado, no ya de los trabajadores afiliados”.